Hoy, en la madrugada, el grupo de rescate liderado por Salvamento Minero halló los cuerpos sin vida de Víctor Peña y Jesús Arturo González en la mina de oro de Buriticá, Antioquia, operada por la multinacional china Zijin Continental Gold.
Los dos hombres, ambos de 29 años, quedaron atrapados el 4 de agosto en uno de los socavones de la mina mientras buscaban oro ilegalmente. Su desaparición hizo estallar un paro minero que empezó el 11 de agosto y que se prolongó durante 10 días, bloqueando la carretera nacional que conecta a Medellín con el Golfo de Urabá, la entrada al pueblo y el principal acceso a la mina.
Supuso, además, el primer conflicto minero de gran escala afrontado por el gobierno de Gustavo Petro. El 15 de agosto, la ministra de Minas, Irene Vélez, viajó hasta Buriticá para escuchar las peticiones de los manifestantes y acompañada de Isabel Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, lanzó una serie de mensajes que fortalecieron la posición de los mineros y que dejaron en claro el protagonismo de las comunidades y la desconfianza frente al sector privado en la política minera del nuevo gobierno.
La Silla estuvo en Buriticá reconstruyendo los antecedentes del paro, las negociaciones y la incertidumbre de las familias de las víctimas.
En el trayecto de seis kilómetros que conduce entre las montañas a Buriticá, las vallas publicitarias y las señales de tránsito apostadas frente a las casas de ladrillo y zinc construidas en los márgenes de la carretera —y que dan hacia la mina y el abismo— están rayadas con grafitis contra la multinacional china Zijin Continental Gold.
Para recorrerlo, hay que tomar un desvío sobre la carretera nacional que conecta a Medellín con Santa Fé de Antioquia y el Golfo de Urabá. Dos tipos de vehículos suelen hacer el trayecto: enormes tractomulas cargadas de materiales de obra o maquinaria pesada y pequeños e inestables motocarros que transportan a trabajadores, pobladores y periodistas.
En la mitad del camino se abre una carretera más amplia y mejor pavimentada custodiada por guardias de seguridad con cascos de construcción. Hay una garita, un semáforo y una serie de vallas de tránsito naranjas que controlan el acceso a la mina de oro más grande del país.
Justo al inicio de la carretera para ingresar a la mina se alza una pequeña carpa de toldas negras y amarillas. En su interior, estibas de madera, colchonetas, una hamaca: la ropa y los desechos de un refugio improvisado.
El sonido de una hilera de tractomulas que se dirigen al interior de la mina provoca una pequeña conmoción en Nancy Contreras y Andrea Villada, dos de las mujeres que duermen en la carpa. Interrumpen la conversación conmigo y con sus celulares en la mano listos para grabar corren hasta el primer filtro de seguridad, cruzan algunas palabras con los guardias y empiezan a inspeccionar los materiales de cada uno de los vehículos.
Andrea Villada es la madre de uno de los 100 mineros informales que integran, junto a Salvamento Minero y el cuerpo de bomberos, el grupo de rescate que buscaba a Víctor Peña y Jesús Arturo González, los dos mineros que aparecieron muertos hoy; Nancy Contreras es la madre de Jesús Arturo.
Es miércoles, 24 de agosto, y sus cuerpos sin vida aún no han sido hallados después de 20 días de búsqueda.
Las dos mujeres verifican que ninguna de las tractomulas ingrese cemento y combustible a la mina. El objetivo es impedir que la empresa vierta materiales que puedan obstaculizar el trabajo del grupo de rescate. Fue una de las peticiones de las familias de las víctimas a la multinacional china durante los 10 días de bloqueos que afectaron las carreteras que conducen al Urabá y a la entrada al pueblo.
De vuelta a la carpa, Nancy llama desde su celular con insistencia. Otro dolor la atraviesa: Deiber, uno de sus nueve hijos, sufrió el 17 de julio un accidente en moto que le ocasionó un derrame cerebral. Está internado en un hospital de Medellín. Habla con una enfermera y con una de sus hijas que acompaña a Deiber. Andrea la anima y sigue haciendo las veces de portavoz de las familias de las víctimas: recibe las llamadas de los periodistas, difunde comunicados por Whatsapp con la posición de las familias frente a los rumores de un nuevo paro minero y gestiona el agua y la alimentación de las mujeres que permanecen en la carpa.
Cada tanto llegan hombres en moto a preguntar por el rescate. Dejan comida y palabras de aliento. Suelen ser jóvenes, de botas y gestos duros. Es probable que en el algún momento también hayan pasado 20, 30 días buscando oro en los socavones abandonados donde quedaron atrapados Víctor Peña y Jesús Arturo González y que la red de solidaridad que converge en esta carpa de toldas negras y amarillas esté sostenida por las miles de personas que en Buriticá han compartido el riesgo que ocasionó su tragedia.
En octubre del 2020, el expresidente Iván Duque y su ministro de Minas, Diego Mesa, asistieron al inicio oficial de la producción de oro en la mina de Buriticá. “Hoy nos damos cuenta de que se puede hacer minería sostenible”, dijo el expresidente.
En enero de ese año la multinacional Zijing Mining, propiedad del Gobierno chino, le compró por 1.000 millones de dólares la licencia ambiental a la compañía canadiense Continental Gold, que la obtuvo en 2016.
El camino construido por los canadienses era notable. Lograron firmar contratos con las asociaciones de mineros de Buriticá para formalizarlos y vincularlos al proyecto, y aseguraron por parte del Estado una política de seguridad en contra de la minería ilegal y los grupos armados que la controlan. Las tropas del Ejército y la confianza de la comunidad le dieron viabilidad a la mina.
La venta de la licencia ambiental a Zijing garantizó el músculo financiero necesario para iniciar la explotación y dejó el proyecto en manos de una ambiciosa compañía con sede en China, el país con la mayor demanda de oro del mundo. La licencia incluye un derecho de explotación durante 14 años y supone más de 300 mil millones de pesos anuales entre regalías e impuestos, según cálculos del Gobierno colombiano. Un monto que equivale al 5% del presupuesto para el 2022 de la Alcaldía de Medellín, que es de seis billones de pesos.
La viabilidad financiera y social de la mina de oro de Buriticá es, además, un activo valioso para luchar contra los altos índices de informalidad y de captura de rentas por parte de actores armados que tiene la minería en el país. El 29% de las actividades mineras en Colombia son informales, según datos del Banco Mundial. Y Antioquia es, al mismo tiempo, el territorio que produce el 77% del oro en el país y el lugar donde se realizan uno de cada tres operativos contra actividades mineras ilícitas, según datos de la Policía Nacional.
Sin embargo, los conflictos entre la comunidad y la Zijin escalaron muy pronto.
En marzo del 2020, tres meses después de hacerse efectivo el traspaso a la multinacional china, hubo una protesta en contra de la compañía por continuar sus operaciones mientras el Gobierno Nacional y las autoridades locales decretaban cuarentenas y toques de queda por el Covid-19.
Un año después, en octubre, una protesta bloqueó durante una semana una de las entradas a la mina denunciando incumplimientos por parte de la empresa en la financiación de proyectos agrícolas y ambientales acordados con la comunidad. Los antimotines del Esmad intervinieron para levantar el bloqueo.
En febrero de este año, organizaciones de mineros y campesinos convocaron a cientos de personas en el parque principal de Buriticá para protestar contra Zijin.
Fue la última protesta antes del paro que estalló el 11 de agosto por la desaparición de Víctor Peña y Jesús Arturo González.
Rubetsi Peña entendió la gravedad de las noticias cuando un hombre la llamó con la voz quebrada desde Buriticá. Viajó desde Manatí, Atlántico, 14 horas por carretera, al pueblo en el que su hermano, Víctor, había encontrado un oficio para sortear las temporadas en las que no encontraba un trabajo estable. Es una mujer venezolana de 26 años radicada en Colombia desde el 2014. Víctor siguió sus pasos y llegó en 2016 al país. Son, como la de Jesús Arturo, una familia numerosa de nueve hermanos que crecieron en Guatire, Estado Miranda, una ciudad intermedia a 40 minutos de Caracas.
Rubetsi llegó el lunes 15 de agosto a la vereda Pinguro, donde comienza la carretera de seis kilómetros que conduce a la cabecera municipal de Buriticá. Dos concentraciones de manifestantes bloqueaban la carretera nacional hacia Urabá y el acceso al pueblo. Un grupo de compañeros de Víctor bajaron hasta Pinguro a recogerla y subirla hasta la entrada de la mina, colmada por las madres y las esposas de los mineros informales que intentaban rescatar a Víctor y Jesús Arturo, y por líderes sociales, periodistas y políticos locales. “Me vieron y de una vez supieron que era la hermana de Víctor”, dice Rubetsi.
El jueves 11 de agosto, cuatro días antes de la llegada de Rubetsi, un vídeo que circuló por Whatsapp desbordó la oleada de rumores y preguntas sobre un derrumbe y dos mineros desaparecidos en la mina. El vídeo muestra a un hombre cubierto de lodo dentro de los socavones abandonados en los que trabajan los mineros informales.
El lodo, al parecer, fue vertido por los empleados de la Zijin para sellar los antiguos socavones y darle estabilidad al terreno. Las organizaciones obreras se unieron al reclamo de las familias y el paro estalló.
Los manifestantes bloquearon la salida de cerca de 650 trabajadores de la Zijin y no permitieron el acceso de Salvamento Minero, el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería, hasta no garantizar que los mineros informales fueran parte activa de la búsqueda y que se nombraran representantes de las organizaciones obreras que vigilaran los trabajos.
Muy pronto, las afectaciones del paro escalaron hasta la Gobernación de Antioquia ante la interrupción de la movilidad hacia el Urabá y el cerco a los trabajadores de la mina.
El 15 de agosto una comisión integrada por la ministra de minas Irene Vélez, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, realizó un consejo de seguridad en Medellín y viajó rumbo a Buriticá para destrabar las negociaciones entre los líderes del paro y la compañía.
Isabel Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, y quien ha construido su carrera pública en oposición a los grandes proyectos económicos de minería y energía en Antioquia, fue el principal enlace para el aterrizaje de la ministra Irene Vélez en Buriticá.
Antes de partir al municipio sostuvieron un consejo de seguridad en la sede de la Gobernación de Antioquia en Medellín, donde también estuvieron Luis Fernando Suárez, la mano derecha del gobernador Aníbal Gaviria, y el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Diego Mazo.
“Nos piden que incidamos en quienes protestan para que el paro se levante. En ese momento tuvimos un debate acerca del sentido de la protesta social”, dice Isabel Zuleta.
El lunes 15 de agosto, cuatro días después del inicio de los bloqueos, se trasladaron en un helicóptero que aterrizó en la pista de la Zijin Gold Continental, al interior de la mina. Subieron por la carretera que conduce a la cabecera del municipio y por petición de Vélez se detuvieron a conversar con el grupo de mujeres que atiende la olla comunitaria que alimentaba a los manifestantes. El grueso de la protesta estaba en la sede del concejo municipal, ubicado en la calle principal del pueblo, esperando a los altos funcionarios.
Vélez, Gaviria y Zuleta escucharon a la comunidad toda la mañana hasta el mediodía.
La senadora Zuleta le pidió a la compañía que garantizara el acceso de los voceros nombrados por el paro para acompañar las labores de rescate y que evitara realizar procedimientos que pusieran en riesgo la vida de los mineros informales, haciendo referencia al vertimiento de lodo en los socavones abandonados.
“El gobierno apenas está llegando y nos hacen falta carteras claves para darle continuidad a estos temas. Todavía no se han nombrado al director del Anla y al viceministro de Minas, a quienes les corresponde este trabajo”, dice Isabel Zuleta.
La ministra Vélez se comprometió a activar los protocolos para el ingreso de Salvamento Minero a la mina. Vélez se comprometió con la comunidad a hacerle un seguimiento más estricto a las obligaciones sociales y ambientales que implica la obtención de un título minero y dijo que profundizar la participación de las comunidades es un elemento central en la reforma al Código Minero que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Ese mismo día, el 15 de agosto, la comisión de altos funcionarios logró que el bloqueo de la carretera nacional hacia el Urabá se levantara.
El paso por carretera para ingresar a la cabecera de Buriticá y el acceso principal de la mina siguieron restringidos por el paro.
De regreso al helipuerto de la Zijin para salir hacia Medellín, Vélez sostuvo una breve conversación con delegados de la compañía. “La ministra a nosotros no nos ha escuchado. Tuvo un intercambio de palabras con algunos de nuestros funcionarios, pero fue más bien un saludo”, le dijo a La Silla un funcionario de la Zijin que pidió mantener su nombre en reserva.
El miércoles 17 de agosto, dos días después de la visita de la ministra, y ante la persistencia de los bloqueos en la entrada de la mina y los obstáculos a las labores de Salvamento Minero, el secretario de seguridad de la Gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suaréz, publicó un vídeo en el que daba por agotadas las vías de diálogo y pedía la intervención del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública.
La decisión del Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el ministro del interior Alfonso Prada fue enviar a la viceministra encargada para el diálogo social, Judith Salazar. La alta funcionaria viajó el viernes 19 de agosto a Buriticá para reunirse con los líderes del paro.
El 21 de agosto, dos días después, los manifestantes accedieron a levantar los cercos que bloqueaban la entrada a la mina y al pueblo, y el grupo de rescate integrado por Salvamento Minero, el cuerpo de bomberos y más de 100 mineros informales, acompañados por delegados de la compañía y del paro, empezó a trabajar con normalidad.
En la mañana del 25 de agosto y después de las barricadas y las proclamas, las comisiones, los consejos de seguridad y las mesas de negociación y el código minero y las licencias ambientales, la carpa de toldas negras y amarillas donde aguardaban las familias de las víctimas por nuevas noticias del rescate era lo único que quedaba del paro minero de Buriticá.
Esa mañana, Nancy Contreras, la madre de Jesús Arturo, viajó a Medellín para ver a Deiber, el hijo que sufrió un derrame cerebral por un accidente en moto. Estaba a punto de entrar a cirugía.
Andrea Villada, la portavoz de las víctimas, encendía un cigarrillo tras otro y le mandaba mensajes a periodistas, líderes mineros y funcionarios de la compañía.
Rubetsi Peña tomó su celular para mostrarme una foto de Víctor. Su hermano lleva una camiseta azul y un casco amarrillo con una lámpara en el centro, sonríe. Detrás, un racimo de hojas verdes cubre la boca del socavón al que está a punto de entrar.
Un funcionario con el chaleco de la Agencia Nacional de Minería salió caminando desde el primer punto de control del acceso a la mina para actualizar a las familias y habló de perforaciones, metros, diámetros y cables.
“Las noticias siempre son las mismas: seguimos avanzando”, me dijo Rubetsi.
Hoy, finalmente, me escribió a las cinco de la mañana. “Hola, buenos días. Espero que esté bien. Le escribo para informarle que ya encontraron a los muchachos”.
Sobre las dos de la madrugada y 24 días después de su desaparición, los cuerpos de Víctor Peña y Jesús Arturo González fueron encontrados en uno de los socavones abandonados de la mina de Buriticá.
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