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Manifestación en recuerdo del bombero fallecido Joan Liébana en la plaza de Sant Jaume, en octubre de 2021. / GUILLEM SANCHÉZ
Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias
La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para aclarar los fallos en los Equipos de Respiración Autónoma (ERA) que utilizan los Bombers de la Generalitat, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de esta institución. Las diligencias se han incoado a raíz de la denuncia que presentaron los sindicatos UGT, CATAC, CCOO y CSIF para esclarecer si la Conselleria de Interior ha cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores, al haber puesto en “peligro la vida de los bomberos” por no facilitarles nuevos aparatos de aire. La Generalitat pactado con los sindicatos que comprará por vía de contratación de urgencia 400 nuevos equipos.
Las organizaciones sindicales solicitan en su escrito la declaración de los últimos 'consellers' de Interior, Miquel Buch, Miquel Sàmper y Joan Ignasi Elena, así como los directores generales del cuerpo de emergencias, aunque, por ahora, solo se ha acordado iniciar las pesquisas. Lo normal en estos casos es que la fiscalía reclame a Interior documentación sobre estos equipos.
La denuncia sostiene que “desde hace tiempo” los ERA están teniendo un “funcionamiento anómalo” que está poniendo “en riesgo la vida de los trabajadores”. Tal y como destapó este diario, se ha detectado la presencia de aire húmedo en las botellas de determinados equipos. Esto provoca la congelación del agua por efecto del frío que provoca la expansión del aire liberado de la alta presión, lo que origina que el manómetro se quede clavado en el último valor de referencia y el bombero no pueda saber la autonomía real de la que dispone.
Según los sindicatos, la Direcció General de Prevenció de Incendis, a pesar de conocer esa problemática, “ha querido implementar unas medidas de seguridad insuficientes” argumentando que las botellas seguían dando aire aunque el manómetro "no funcione”. Los representantes de los trabajadores, además, solicitaron la sustitución de los equipos.
La denuncia hace mención a un informe de la empresa Drager, que fabrica estos aparatos, donde pone de relieve que los “daños detectados” deben ser subsanados en “el menor tiempo posible”, a la vez que recomienda la retirada de los equipos que tengan este problema. Este dictamen fue comunicado a los sindicatos el 17 de marzo, aunque, existe otro anterior, del 2020.
Esta es una de las medidas judiciales impulsadas por los sindicatos. Pero hay otras dos. Una de ellas es una denuncia también ante la fiscalía contra la decisión de la Inspección de Trabajo de declararse no competente para paralizar la actividad con los equipos de respiración.
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